Ricardo Monreal Avila
HRW advierte sobre elcrecimiento de la violencia en México. “Tenemos datos que demuestran que la violencia ha aumentado horrorosamente en México en los últimos años y que no hay un sistema para juzgar a los militares de forma que haya justicia”. Así lo consigna el capítulo México de su reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. HWR vuelve a señalar, como lo ha venido haciendo desde hace tres años por lo menos, que las fuerzas armadas han cometido graves violaciones como ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas sin responder por sus actos ante la justicia.
El aumento de la violencia en el país no se debe exclusivamente a la carencia de un sistema para juzgar a los militares que cometan abusos (que por otra parte, sí existe, pero está circunscrito al ámbito militar, en virtud de su fuero). Está asociado a la falta de un sistema de procuración de justicia que juzgue y procese a cualquier persona que atente, agravie o cause daño a su semejante. Esta ausencia de sistema (o falla sistémica) está en el origen del incremento de la espiral de violencia que azota al país, ya que produce el principal combustible que la alimenta: la impunidad.
Disponemos de indicadores objetivos, oficialmente validados, del tamaño del problema de la impunidad. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción y Percepción sobre Seguridad Pública 2011 (ENVIPE), que realiza el Inegi, arrojó las siguientes estadísticas de horror.
La cifra absoluta de hogares con víctimas en 2010 ascendió a 10,597, 584 (36% de los hogares del país). El número de víctimas o personas de 18 años o más afectadas fue de 17,847, 550 (23,956 por cada 100 mil habitantes). En tanto que la cifra absoluta de delitos cometidos fue de 22,714,967 (30,490 por cada 100 mil habitantes). La cifra negra de delitos, es decir, el número de delitos no denunciados: 20,897,336 (92%). Es importante considerar que la ENVIPE capta únicamente los delitos del fuero común; es decir, no considera los delitos vinculados con la delincuencia organizada, de naturaleza federal, como son ejecuciones, secuestros, tráfico de armas, personas o dinero. Pero aquí la impunidad sigue el mismo patrón que en el orden común o un poco más alto: como sabemos, sólo 94% de las ejecuciones, desapariciones y tráfico de armas y personas es aclarado y castigado.
¿Cuáles son los delitos más cometidos? El 47.9% se concentra en sólo dos: robo o asalto en la calle o en el transporte público (24.2%) y extorsión (23.7%). Le siguen robo total o parcial de vehículo (12.1%), fraude (8.7%), amenazas verbales (8%), robo en casa habitación (6.9%), entre los principales. Otro indicador del nivel de violencia que se vive en el país que el 41% de los más de 22 millones de delitos cometidos se realizaron con algún tipo de arma (armas de fuego, armas blancas u objetos contundentes).
Se señala con frecuencia que la pobreza es una de las causas de la violencia y de la inseguridad. Sin lugar a dudas es su simiente. Sin embargo, países con mayores niveles de pobreza y desigualdad que el nuestro no presentan estos niveles de violencia e incidencia delictiva. Entre una y otra realidad hay un factor catalizador o detonador: este no es otro que la impunidad, generada a su vez por un sistema de procuración de justicia incapaz de procesar, perseguir, castigar y reparar el daño físico, material o moral de las víctimas.
En un país donde un trabajador de la construcción tiene más probabilidades de sufrir un accidente laboral que un delincuente en ser capturado y que responda por sus actos, en ese país la violencia crecerá como la espuma y la delincuencia se convertirá en una profesión “segura” o en un trabajo socialmente aceptado. ¿Cuál era el argumento del “pozolero” de Tijuana, del niño sicario de Morelos o de los adolescentes asesinos de San Fernando? “Era mi trabajo, una forma de ganarme la vida”.
La reforma integral del sistema de procuración de justicia es fundamental para abatir la impunidad, y con ella, la violencia y la inseguridad rampantes. Hasta ahora, el tema está estructuralmente ausente en la mayoría de las propuestas electorales de candidatos y partidos. AMLO lo incorpora expresamente en su propuesta de gobierno, cuando hace de la justicia uno de sus tres ejes: “estamos decididos a resolver la actual crisis de inseguridad y de violencia. Lo haremos bajo el principio de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. La solución de fondo, la más eficaz y la más humana, pasa por enfrentar el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y por incorporar a los jóvenes al trabajo y al estudio”. Algo más allá que las balas, las cárceles y la visión de exterminio y confinamiento de la actual política pública de seguridad.
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