Cinco razones por las que AMLO ganó el debate y avanzó rumbo a la Presidencia de la República.

1) Ganó el debate del debate: con la debida anticipación, supo despertar el interés de un amplio sector de ciudadanos, al señalar las limitaciones de audiencia y la rigidez del formato de este primer encuentro público entre los cuatro candidatos a la presidencia. Todos ellos terminaron reconociendo la falta de tiempo y la estrechez del ejercicio, es decir, terminaron dándole la razón a López Obrador.

2) Tuvo más rating el debate que el partido de futbol: Se apostó alto a que el debate no se viera, a que fuera desplazado y arrinconado por programas de mayor audiencia. Hubo un referente, un bis a bis, un cara a cara: el partido de futbol monarcas-tigres versus el debate presidencial. Ganó éste: 23.5 contra 13.5, según Ibope AGB de México. Pero no sólo ganó el debate al futbol en la televisión. En tres cadenas nacionales de radio, las audiencias estuvieron por encima de los alicaídos programas radiofónicos dominicales, incluida la “hora nacional”, famosa por unificar a los radioescuchas (todos apagan su radio a las 10 de la noche cada domingo). Y en las redes sociales, el debate fue seguido y comentado en línea, generando varios “trending topics”. Por vez primera en la historia de estas transmisiones, la televisión tuvo dos competidores reales en el manejo de la audiencia, uno fue la radio y, el otro, las redes sociales (Twitter y Facebook especialmente). El vacío que buscó crear la televisión fue rápidamente cubierto por los medios alternativos y emergentes de comunicación. Este es otro triunfo de AMLO.

3) Audiencias de los debates: Se han realizado y transmitido debates presidenciales en1994, 2000, 2006 y 2012. A reserva de verificar las cifras, el primero de ellos tuvo una audiencia de 25 millones de televidentes, habría sido el más visto. En el 2000, el promedio de los dos debates presidenciales fue de 20 millones de televidentes. Hace seis años, el promedio de audiencia de los dos debates fue de 15 millones de personas. El debate del pasado domingo (primero de dos), habría tenido poco más de 10 millones de espectadores (23.5 por 440 mil televidentes). Falta por conocer la audiencia del segundo a fin de obtener el promedio del 2012. Si bien la audiencia de los debates por televisión tendería ir a la baja, en este año habrá que sumar la audiencia de la radio y de las redes sociales, que bien podrían duplicar a la primera. Es decir, la audiencia combinada de televisión, radio y redes podría ser equivalente a la de 1994 y 2000. De esta forma, apostar a la audiencia de los medios alternativos y emergentes de comunicación será determinante para el debate y posdebate del próximo mes. En esta apuesta, AMLO lleva la mano.

4) Ganadores del debate: “En seis mediciones llevadas a cabo por distintos medios de información (todos con metodologías y alcances distintos) en tres de ellas el triunfador fue Gabriel Quadri del Panal, en dos López Obrador y en una Peña Nieto. Destaca que en ninguna de estas mediciones obtiene el triunfo la panista Vázquez Mota” (Rubén Martín, El Economista). Hace un año, por estas fechas, las encuestas registraban por primera vez que AMLO empezaba a bajar sus negativos y era considerado el mejor candidato para encabezar a las izquierdas. Sin embargo, se le ubicaba en tercer lugar frente al PRI y al PAN. El debate del pasado domingo fue un punto de quiebre en estas tendencias: de acuerdo a nuestras mediciones, además de consolidar sus positivos, López Obrador salió con cinco puntos más a su favor, lo que permite ubicarlo nítidamente en la segunda posición general. Quadri habría avanzado un punto porcentual en las preferencias, mientras que EPN bajó cinco y JVM cuatro. Claramente, el primer debate impulsó a AMLO y a Quadri; no puede afirmarse lo mismo en el caso de las otras dos opciones.

5) Rompiendo percepciones: el primer debate logró romper dos percepciones dominantes que obstruían el despunte de la izquierda: la inevitabilidad del regreso del PRI, por un lado, y que la disputa final sería sólo entre dos opciones de derecha, PRI y PAN (el bipartidismo conservador), por el otro. Hoy el electorado mexicano tiene más claro de que se trata realmente la próxima elección: del regreso a un pasado de corrupción e impunidad con el PRI; del continuismo de la violencia y la inseguridad con el PAN; o de un cambio verdadero en el futuro inmediato con el candidato de las izquierdas. Si esta triple disyuntiva se consolida en el próximo debate y en las próximas semanas, AMLO no sólo habrá avanzado un trecho más rumbo a la Presidencia, sino que estará en condiciones reales de obtener la victoria y cambiar el curso de la historia de este país.

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx

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Los costos asociados a los fenómenos de la violencia y la corrupción en el país se miden ya en puntos del producto interno bruto (PIB).

El Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (Icesi) estimó en 8.9 por ciento del PIB (un millón de millones de pesos) el detrimento económico, directo e indirecto, que la inseguridad ocasionó en 2009 a las personas físicas y morales en México. Con una metodología más restrictiva, el INEGI reveló hace unos meses que el costo de la inseguridad en el país había ascendido a 210.8 mil mdp en 2010, lo que equivalía a 1.53% del PIB de ese año.

Respecto a la corrupción, la Secretaría de la Función Pública ha calculado que los actos directos de corrupción y las ineficiencias de servidores públicos cuestan al erario hasta 120 mil mdp, 14% del Presupuesto de Egresos de la Federación destinado a contrataciones del sector gubernamental. Sin embargo, hace apenas dos semanas, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, con base en un análisis del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, señaló que la corrupción pública y privada cuesta a la economía nacional 1.5 billones de pesos, es decir, 10% del PIB nacional.

En este sentido, los 24 millones de dólares que Walmart pagó en sobornos a funcionarios de todos los niveles en México para instalar sus tiendas, y convertirse rápidamente en empresa dominante en el sector minorista de comercio, es apenas un pelo al aire de un exuberante y robusto gato de angora.

Violencia y corrupción son dos pesados fardos para la economía nacional y, por supuesto, para las finanzas de las personas, de las familias y de las empresas. Entre el costo de la inseguridad estimado por el Icesi (9% en cifras redondas) y la carga de la corrupción denunciada por el CCE (10%), estaríamos hablando de 19% del PIB en dos rubros típicamente criminales. En otras palabras, si la violencia y la inseguridad fueran dos actividades reconocidas, aportarían una quinta parte del valor de la economía nacional. Es tal la densidad de estos dos fenómenos corrosivos, que podríamos desagregar de las cuentas nacionales una especie de PIB criminal.

Por sus dimensiones macroeconómicas, violencia y corrupción son dos caras de una misma moneda. Es el rostro descarnado de un tipo de economía muy conocida en la historia, a la que se denomina capitalismo salvaje, o también, capitalismo de cuates o de cómplices (Joseph Stiglitz).

En la historiografía económica, violencia y corrupción son dos mecanismos originarios de transferencia y acumulación de capital, propios de una sociedad dominada por piratas, bandidos y ladrones. Solo hasta que estos fenómenos son erradicados o reducidos a su mínima expresión, se desarrollan propiamente los mecanismos del libre mercado, regulados por el estado de derecho, donde la acumulación y distribución de la riqueza se guía por la competitividad, la productividad, la destreza laboral, las ventajas comparativas y todas las demás vías postuladas por la ética económica del capitalismo moderno.

Un país donde el PIB criminal (violencia + corrupción) representa una quinta parte de su economía, es un país inviable, condenado a la destrucción social y a la desintegración política.

Por ello, la reforma estructural más importante que requiere la economía mexicana es un combate a frontal a la corrupción y una estrategia integral que garantice los niveles básicos de seguridad para las personas, las empresas y sus bienes. La primera conduce de manera natural a la segunda.

Históricamente, reformas de este tipo, que eliminan el ingrediente salvaje de la acumulación y distribución de la riqueza (violencia y corrupción), no han sido impulsadas por los partidos de derecha, en virtud de que son rehenes o beneficiarios de los intereses económicos así generados.

No es casual que la principal acusación del PRI contra el PAN sea el haber desatado la violencia; mientras que la del PAN contra el PRI sea el de la corrupción. Cuando la verdad es que son dos caras de la misma moneda.

Paradójicamente, ha sido la izquierda (especialmente socialdemócrata) la que logra eliminar en los países de capitalismo tardío el ingrediente premoderno que caracteriza a sus economías. Cuando el candidato presidencial de las izquierdas, AMLO, propone para México combatir la corrupción de fondo, nivelar el terreno del juego económico, terminar con los privilegios fiscales y atacar las causas sociales de la inseguridad (no únicamente sus efectos punitivos), no está planteando ni el socialismo ni el populismo, sino cambiar el actual perfil salvaje de nuestra economía por uno realmente civilizado y civilizatorio, donde la justicia, la igualdad y la equidad sean valores del ánimo social y no indicadores de un estado agudo de anomia colectiva.

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El pasado domingo, AMLO y Peña Nieto coincidieron en Monterrey como parte de sus respectivos programas de campaña. Sin embargo, la coincidencia en tiempo y lugar fue ocasión propicia para contrastar también dos estilos y programas diferentes.

AMLO viajó en vuelo comercial y EPN en jet y helicóptero privados. El candidato de las izquierdas estuvo ante una Macroplaza llena de simpatizantes, con el sol en todo lo alto, mientras el candidato del PRI asistió a la arena Monterrey, un recinto cerrado y bien ventilado, donde los asistentes eran en su mayoría integrantes de las centrales obreras de la capital regia. López Obrador presentó ayer lunes su propuesta económica en el auditorio de Fundidora Monterrey (Cintermex), ante dos mil integrantes de la IP y estudiantes del Tecnológico de Monterrey, con asistencia de los medios de comunicación, mientras que Peña Nieto comió en privado con una docena de los capitanes de empresas importantes en Nuevo León y en el país, sin que se supiera el contenido de la reunión. AMLO pernoctó en Monterrey, para continuar con su gira el lunes; EPN regresó a pasar la noche en Toluca, como ha sido la tónica de estas tres primeras semanas de recorridos. Campaña de tierra, contra campaña de aire; eventos abiertos, a plaza libre, contra eventos cerrados, controlados y blindados; póquer abierto en materia de propuestas económicas, contra póquer cerrado en materia de compromisos económicos.

Monterrey y, en general, el norte del país, suele ser un indicador de los cambios y movimientos en el país. Desde la Revolución de 1910 hasta la primera alternancia presidencial de 2000 —casi un siglo de por medio—, el norte tiende a enviar señales económicas y políticas que luego se extienden por la República. En lo económico, el modelo de sustitución de importaciones y de industrialización aplicado progresivamente en la década de los años 40, tuvo en Monterrey su principal exponente. En lo político, las primeras alternancias municipales y, sobre todo, estatales, se consolidaron en Baja California, Chihuahua y Nuevo León, en la década de los 80, y de aquí bajaron al centro y sur de México.

Hoy, Monterrey y el norte del país padecen una crisis de seguridad que en mucho es producto del agotamiento de los esquemas económicos y políticos aplicados en las últimas dos décadas en la región. La industria dejó de ser la gran actividad empleadora de mano de obra (una tendencia global, no exclusiva del norte del país, donde la llamada economía de mentefactura desplaza a la manufactura) y la simple alternancia del poder entre dos partidos (el bipartidismo regional PRI-AN propio de la región), no se tradujo en cambios relevante. La llamada “normalidad política” devino en atonía económica, desencanto social y decepción democrática.

La muestra viviente del agotamiento y carácter excluyente de este modelo económico y político, impulsado alternadamente por PRI y PAN en el último cuarto de siglo, es la generación de jóvenes que hoy atiborran la cárceles de Nuevo León, que se contratan como carne de cañón con las bandas delincuenciales, que enfrentan al Ejército y a la policía en la calles con el rostro cubierto (ocultando una identidad física que nunca han tenido socialmente) y formados culturalmente en los valores del “individualismo posesivo” (Macpherson), cuyas verbalizaciones en México son bien conocidas: “el que no tranza, no avanza”; “más vale vivir cinco años como rey, y no una vida jodido”, entre otras expresiones donde el cinismo desplazó al civismo.

Hace seis años, AMLO no registró eventos como los del pasado fin de semana en Monterrey, o como la apertura que se está presentando en otras plazas del norte. La campaña de odio, “un peligro para México”, prendió como pasto seco en esa región. Aquí hubo empresas y empresarios que advirtieron a sus trabajadores, “si López Obrador gana, este negocio cierra”.

Hoy las circunstancias son diferentes. El peligro para México llegó de donde se supone vendría la salvación. Ninguno de los cuatro jinetes del Apocalipsis mexicano fue domado. Por el contrario. Hoy existe más inseguridad, desempleo, desigualdad y corrupción que hace seis años. Por ello, la expresión “por un cambio verdadero” adquiere sentido y resonancia en lugares donde ya conocieron el cambio ficticio o ilusorio entre dos partidos de una misma corriente histórica conservadora, PRI-AN.

El hartazgo, la decepción y la falta de resultados de este modelo de dos décadas acentuado en el norte del país, es lo que está en el origen de este reencuentro de empresarios y ciudadanos con AMLO. Es una exigencia de “cambio verdadero” a la que está dando forma la organización Despierta México, una iniciativa de participación ciudadana de Alfonso Romo, Fernando Turner y Adolfo Hellmund, entre otros. El norte está despertando, y cuando eso sucede, el resto del país se levanta.

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por Ricardo Monreal Ávila

El Comal a la Olla le dijo:
“Cuando cruja, no arrempuje!
Con sus tiznes me ha estropeado ya de fijo
la elegancia que yo truje”.

Y la Olla por poquito se desmaya:
“Presumido! vaya, vaya;
lo trajeron de la plaza percudido
y ni animas que diga que es galán de la pantalla”.

Las campañas pasaron del vestíbulo del palacio a la cocina de Los Pinos. La candidata Josefina Vázquez Mota le dice al comal: si no gana el PAN “estaremos perdiendo el resto del siglo XXI”, y lanza un ataque de spots a la línea de flotación de la credibilidad de Peña Nieto, presentándolo como mentiroso.

Rápido y furioso, el PRI responde a la olla: el siglo XXI “lleva 12 años perdidos” y reta a la instalación de una “mesa de la verdad”, similar a la del merolico de San Juan de Letrán que pregunta al público escéptico “¿dónde quedó la bolita? Que no le digan, que no le cuenten! No le vengo a engañar, no le vengo a mentir”.

Sin embargo, el pleito de cocina que preparan el comal y la olla no puede distraer la verdad de fondo: el país no tiene 12 años, sino un cuarto de siglo con un crecimiento económico mediocre, con una desigualdad social cada vez más ancha y con una vida política cada día más cercana a la autocracia y más lejana de la democracia. Y la responsabilidad de esta situación es mancomunada y compartida, es del PRI y del PAN.

Ciertamente, en los 12 años de panismo el deterioro se ha exacerbado; pero la semilla se sembró y cultivó en los últimos 12 años del priismo del siglo pasado. Por eso, en una buena parte de las regiones que en el último cuarto de siglo han conocido únicamente la alternancia entre PRI y PAN (Norte y Occidente del país), hoy están volteando hacia la izquierda como una alternativa para alcanzar el cambio y la transformación que el PRIAN ha sido incapaz de promover.

La Laguna: “PRI y PAN ya tuvieron su oportunidad y fallaron: es tiempo de dar una oportunidad a López Obrador”. Monterrey: “Aquí ya probamos PRI y PAN y nos decepcionaron: se fueron los bandidos, pero llegaron los rateros”. Ciudad Juárez: “Lo único que se ha alternado aquí es la inseguridad, el desempleo y la ineptitud; se necesita un cambio verdadero”. Guadalajara: “el peligro para México resultó ser otro. Hay que probar otras opciones”.

El comal y la olla se han enfrascado en una especie de Intifada electoral, que viene a corroborar lo que muchos ciudadanos piensan en este momento: que tanto el PRI como el PAN son causantes de la situación crítica que vive el país. Unos tiran lodo y otros lanzan piedras. Literalmente, es “la guerra de las colas”. Se trata de demostrar quién tiene la cola más larga, voluminosa y sensible.

El PAN (ella) acusa al candidato del PRI (él) de mentiroso, mientras que el PRI denuncia a la candidata del PAN de falsificadora. Él señala que en dos años se sumaron ocho millones de nuevos pobres; ella recuerda que en 1995, en un solo año, el PRI lanzó a la miseria a 10 millones de mexicanos. Él pone el dedo en la llaga de la corrupción llamada Estela de Luz, ella en la estela de 70 años de corrupción. Él acusa que el presidente de la República se entromete indebidamente en la elección, ella recuerda las “elecciones de Estado” del siglo pasado. Él denuncia los 50 mil muertos en las calles, ella los disidentes y opositores desaparecidos. Él presume que puede controlar el crimen, ella sospecha que regresarán los acuerdos con la delincuencia.

Él no quiere debatir; ella busca rebatir. Él se dice la nueva cara del PRI, pero no puede ocultar el cuello, el tórax y las extremidades del Dino que lo sostiene. Ella se dice diferente, pero la lápida del continuismo no deja ver la diferencia específica de género.  

Violencia, desempleo y desigualdad social se cocinaron a fuego lento en la olla del PAN durante 12 años. Magnicidios, megacrisis económicas y corrupción se cocieron a fuego abierto en el comal de la docena trágica priista, que lo llevó a perder el poder con el cambio de siglo. Ni a cual irle.

El siglo XXI es una ventana de oportunidad para que México alcance de lleno la prosperidad, la igualdad y la paz.  Sin embargo, ni el continuismo del PAN ni la regresión del PRI harán posible este salto histórico. Se requiere de un cambio verdadero. Es es la propuesta de las izquierdas y de su candidato a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador.

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx

Twitter: @ricardomonreala

                            EXPOSICION DE MOTIVOS:

 Ocupados como estamos los integrantes de la sociedad mexicana en atender el grave problema de la inseguridad, se han intentado diversas fórmulas para su solución, que van desde las reformas constitucionales, a los ordenamientos legales correspondientes, abarcando no sólo la problemática de la delincuencia organizada, sino generando un nuevo formato de justicia ahora acusatorio, dando paso al sistema de juicios orales.

En ese intento se ha reconocido que en muchos casos, el órgano legislativo ha otorgado una serie de facultades que van más allá de la plena garantía de los derechos individuales e incluso de los propios derechos humanos.

Se ha criticado el debilitamiento del cumplimiento del debido proceso y de la presunción de inocencia, todo en aras de generar los elementos mínimos para el pleno combate a la delincuencia.

En este contexto, cabe preguntarnos si a partir de la emergencia que vivimos ha sido prudente otorgar todas estas facultades al Poder Ejecutivo a través de sus órganos de seguridad pública, procuración de justicia y de inteligencia, incluso a las propias instituciones militares.

En ese ánimo, y con el propósito de hacer una depuración a fondo de todos los cuerpos policiacos federales, estatales y municipales, se formalizó la creación entre otros, de un Centro Nacional de Certificación y Acreditación,  de tal manera que a partir de este Órgano Público, se generen los lineamientos, programas, evaluación y seguimiento para el ingreso y permanencia de todos los integrantes de los cuerpos policiacos, así como de los altos mandos de los mismos, lo cual abarca secretarios de seguridad pública, procuradores generales; y mandos de cualquier institución relacionada con la seguridad.

En el apuro de la creación de estas instituciones, ha quedado de lado lo que consideramos es fundamental, la integración de un cuerpo colegiado del más alto reconocimiento, que permita abrigar la seguridad de que todas las actuaciones y determinaciones de estos órganos, tengan plena transparencia.

Consideramos fundamental que en este primer esfuerzo de creación y consolidación, que su actuación no deje lugar a duda de ninguna índole, debemos no apartarnos del origen de su creación que lo es la propia demanda de abatir la corrupción, la impunidad y el abuso, de tal manera que es indispensable alejar la idea de que estos centros sólo sirvan para legitimar, justificar o formalizar la contratación de personal en los cuerpos de seguridad y de procuración de justicia en las mismas condiciones que se ha venido haciendo, donde era fácil observar el compadrazgo, el amiguismo o el influyentismo, o en el peor de los casos sirvan para cobrar revancha en contra de opositores o personal honesto que no se preste a los juegos perversos e ilícitos de la corrupción.

Por lo anterior, proponemos que desde el máximo órgano de coordinación institucional en esta materia, que es el Consejo Nacional de Seguridad Pública, mismo que considera la existencia de una Comisión Permanente de Certificación y Acreditación, según el artículo 16 fracción II, quede plenamente definido, de acuerdo a la intención de su existencia, quienes sean sus integrantes, a efecto de asegurar una operación colegiada profesional y transparente en esto dela  Certificacióny Acreditación, y que las políticas que se dicten en esta materia por este Órgano Colegiado,  no solo sean las más adecuadas, sino que también, pueda quedar asegurada su observancia, por la vigilancia de su cumplimiento por los miembros de esta misma Comisión, puntualizando en esta reforma el nivel superior jerárquico que la misma tiene respecto del propio Centro Nacional de Certificación y Acreditación, corrigiendo con esto lo que ya ocurre, que sea el propio Centro Nacional de Certificación y Acreditación, quien dicte las políticas en esta materia y solola Comisión Permanentede Certificación y Acreditación las valide.

La Comisión Permanentede Certificación y Acreditación a partir del diseño regulatorio incorporado enla Ley Generaldel Sistema Nacional de Seguridad Pública, es el órgano fundamental sobre el cual va a girar la responsabilidad en el dictado de las políticas de Certificación y Acreditación, previa aprobación del Consejo Nacional de Seguridad Pública y al Centro Nacional de Certificación y Acreditación, la operación de las mismas, de tal manera que es necesario determinar con toda puntualidad su integración.

Quienes conocen la normatividad en relación a Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nos pueden argumentar que son supuestos que la propia Ley atiende y determina, señalando que sean las normas reglamentarias o estatutarias de operación y funcionamiento quienes lo señalen, pero aunque ya existen estos documentos, podemos asegurar que son omisos en la atención de este punto tan importante, tal es el caso de los Estatutos de Organización y Funcionamiento dela Comisión Permanentede Certificación y Acreditación del Consejo Nacional de Seguridad, aprobados el 4 de febrero de 2010,  así como los Estatutos de Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Pública, publicados en el Diario Oficial dela Federaciónel 6 de agosto de 2009.

Ahora bien una vez observada la importancia de la determinación puntual en la integración dela Comisión Permanentede Certificación y Acreditación y más aún que en los ordenamientos jurídicos complementarios no se atiende, desde luego proponemos que esta Comisión Permanente, pueda quedar integrada de la siguiente forma: cinco Gobernadores; el Secretario de Seguridad Pública Federal, el Procurador General dela República, así como por dos Instituciones Superiores Académicas Nacionales; dos centros nacionales de investigación relacionados con los temas; dos organizaciones sociales o de ciudadanos que conozcan de la problemática nacional de seguridad pública; esto permitirá que la integración y actualización de los programas que en esta materia se dicten, tengan plena calidad y objetividad, sino que también cuenten con plena legitimación en cuanto a que esta atienda las verdaderas necesidades de la sociedad y no a criterios institucionales o burocráticos, con solo cierta percepción de la realidad.

Ahora bien, la sociedad debe confiar en que el adecuado cumplimiento de las tareas dela Comisión Permanentede Certificación y Acreditación, genere al mismo tiempo el adecuado desarrollo de las tareas del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, esto es fundamental, toda vez que las tareas que le han sido encargadas, tienen que ver no sólo con conocimientos profesionales, sino especializados en psicología; sociología; poligrafía, contabilidad o actuaría, etc., por lo tanto, consideramos que la integración colegiada dela Comisión Permanentedebe ser obligatoria y la presencia no sólo del ámbito institucional, sino también del ámbito social a través de organizaciones ciudadanas o sociales que puedan dar transparencia en el cumplimiento de las tareas, también es necesaria la presencia académica y científica de universidades, institutos o escuelas que puedan avalar y participar en los programas que se generen, asimismo creemos que es necesaria la asesoría o consejo de organismos internacionales que cuenten con la experiencia, al tiempo que validen y constantemente actualicen, los programas que en esta materia se adopten.

Hoy, desafortunadamente y con la justificación del cumplimiento de los compromisos contraídos en el Acuerdo Nacional del 3 de agosto del año 2008, se están generando al vapor, toda una infraestructura de organismos de evaluación certificación y control en los Estados dela República, con personal, tal vez con el perfil sí, pero sin la experiencia, solo apuradamente habilitado, atendiendo de manera inmediata estos programas pero que bajo ninguna circunstancia nos dan seguridad de estarlo haciendo adecuadamente, así como tampoco ingresando al personal con el perfil que demanda la seguridad pública y la justicia de nuestro país, por tanto no existe base para pensar que en esta materia se esté actuando debidamente y mucho menos que exista una instancia que partiendo de una evaluación, supervisión o vigilancia, pueda dictar los lineamientos correctivos necesarios, lo cual pensamos podría atender adecuadamentela Comisión Permanentede Certificación y Acreditación.

Lo anterior, no es una denostación, ni una descalificación a lo que se ha hecho, por el contrario, es un reconocimiento al esfuerzo institucional por atender muchas de las graves deficiencias que históricamente se han padecido, la propuesta va más bien encaminada a que ese esfuerzo pueda complementarse con la adopción de un mecanismo de colegiación y transparencia, puliendo los esfuerzos que en materia de Certificación y Acreditación, ya se han avanzado.

Las consecuencias de no hacerlo y más aún con oportunidad,  pueden ocasionar en primer lugar la frustración de mucho del personal, que sin una causa transparentemente válida sea echado a la calle o no sea aceptado su ingreso.

Para quienes ya han enfrentado este tipo de exámenes, evaluaciones o certificaciones, saben de lo extenuante y en ocasiones frustrante que son los mismos, en donde debe entenderse se trata al máximo de conocer el verdadero perfil del evaluado y a partir del resultado, generar una mayor confianza a la sociedad en los integrantes de sus cuerpos policiacos y de procuración y de justicia.

Por lo mismo, quienes lleven a cabo o tengan esa responsabilidad de la evaluación y certificación, también debemos asegurarnos que sea la gente más calificada y sujeta a un estricto control y supervisión de sus actuaciones y dictámenes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa que reforma y adiciona el párrafo segundo del Artículo 16 de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

ÚNICO: Se reforma y adiciona el párrafo segundo, del Artículo 16 de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para quedar como sigue:

Artículo 16.- Son comisiones permanentes del Consejo Nacional, las siguientes:

I. …;

II. De Certificación y Acreditación,

III. …

Estas comisiones se coordinarán con el Secretario Ejecutivo para dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones aplicables por parte de los Centros Nacionales que integran el Secretariado Ejecutivo.

El Consejo Nacional determinará el objeto, integrantes, deberes y funcionamiento de las mismas, en el caso de la Comisión de Certificación y Acreditación, esta estará integrada por cinco Gobernadores de los Estados de la República; ; el Secretario de Seguridad Pública Federal; el Procurador General de la República; dos Instituciones Superiores Académicas Nacionales; dos centros nacionales de investigación relacionados con los temas; dos organizaciones sociales o de ciudadanos que conozcan de la problemática nacional de seguridad pública; todos a propuesta del Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Publica y aprobados por el pleno del mismo

…

…

TRANSITORIO

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación.

 Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 10 días del mes de abril de 2012.

por Ricardo Monreal Avila

Monterrey, Torreón, Guadalajara y Puebla son ciudades con grupos empresariales importantes. Hace seis años este sector dio la espalda al candidato de las izquierdas, al igual que los sectores de clases medias, donde la campaña de odio y miedo contra López Obrador se esparció como reguero de pólvora.

En el DF esta campaña no prendió tanto, ya que los empresarios y la ciudadanía tenían a la vista los resultados de seis años del entonces Jefe de Gobierno en materia de obra pública, programas sociales y contención de la ola de inseguridad, por lo que el señalamiento de “un peligro para México” carecía de asidero real.

Hoy, en esas plazas y en esos sectores económicos y sociales, existe una actitud diferente. Se está transitando de la curiosidad al acercamiento y, finalmente, al apoyo electoral explícito al candidato de la coalición Movimiento Progresista. ¿Qué es lo que impulsa este cambio de actitud a favor de AMLO?

Los testimonios hablan por sí solos. Alfonso Romo, promotor de Despierta México, la plataforma empresarial de apoyo a AMLO: “¿Por qué no había apoyado antes a López Obrador? Por una sencilla razón: no lo conocía. Ahora que lo conozco sé que es la persona indicada para sacar a México de la crisis profunda en que se encuentra”.  Fernando Canales Seltzer: “El peligro para México no es una persona, sino la continuación de la inseguridad, el desempleo y el desorden que son herencia de los malos gobiernos del PRI y del PAN”. Arturo Cossío, desarrollador de vivienda en Puebla: “Me gusta su planteamiento contra los monopolios y terminar con la protección política a grupos económicos favoritos. La corrupción es, en efecto, lo que tiene hundido al país. Creo que es hora de darle una oportunidad a AMLO”.

La disminución de los negativos del candidato de las izquierdas tiene que ver con este reencuentro y redescubrimiento de su proyecto económico. ¿Qué es lo que más les atrae a este grupo de empresarios? La eliminación del IETU, la reducción en los precios de los combustibles y la energía eléctrica, la promoción de la competencia económica para que los consumidores dispongan de mejores precios en bienes y servicios, la revisión del régimen de consolidación fiscal mediante el cual las grandes empresas eluden el pago de impuestos, ampliar la base fiscal gravable en lugar de crear nuevos impuestos, la transparencia en el gasto público, la preferencia a proveedores nacionales y regionales en las compras del gobierno y en las obras públicas y, de manera especial, eliminar el sobreimpuesto de la corrupción en el ejercicio del gasto gubernamental. Hace apenas dos semanas, la secretaría de la Función Pública dio a conocer que, de acuerdo a sus estimaciones, la corrupción por concepto de comisiones, sobreprecios y “mordidas” en el sector público, ascendía a más de 100 mil millones de pesos al año. Una cifra similar a la reportada por Transparencia Internacional.

Pregunto a uno de los asistentes a la reunión de empresarios en Guadalajara si él considera que el programa económico de AMLO es de corte populista, socialista o hasta comunista. Me dio una respuesta inédita e inteligente. “Para nada. El programa de López Obrador es completamente funcional al capitalismo mexicano. La austeridad republicana y el combate a la corrupción son dos aspectos centrales para que funcione correctamente un sistema abierto de mercado. Recortar el gasto superfluo del gobierno e invertirlo en obra pública; fortalecer el mercado interno por el lado de la demanda, a la vez de promover más competencia económica por el lado de la oferta; así como combatir la pobreza mediante programas sociales, son acciones correctivas del capitalismo monopolista, proteccionista y voraz que padecemos. AMLO no es populista, mucho menos comunista. Es el reformador del capitalismo que necesita el país para salir de esta crisis estructural”.

Concluyó su observación con una reflexión de Joseph Stiglitz, premio nobel de economía, sobre el tipo de capitalismo existente en México. “Mientras exista el capitalismo de cuates será muy difícil que los ciudadanos conozcan las bondades de un capitalismo abierto, regulado y de competencia. Reformar este tipo de sistema económico es lo que a veces debe hacer la izquierda, para corregir los excesos y desequilibrios de una derecha inconsciente y sin freno”.

Un AMLO más parecido a Lula Da Silva y a Felipe González, es decir, más cercano a la socialdemocracia y más distante de los radicalismos populistas o socialistas, es lo que vislumbran ahora estos empresarios. Para ellos, el verdadero peligro para México está en la continuidad y prolongación de la inseguridad, el desempleo y el deterioro social, no en la propuesta de un cambio verdadero para el país.

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx.

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Hay dos formas de saber si una guerra es útil o inútil. Una forma es evaluarla por el número de muertes que ocasiona; sobre todo, muertes de inocentes. La otra es medir su costo económico para la sociedad. Y en los dos rubros, la guerra actual del gobierno mexicano contra el crimen conduce al mismo resultado: ha sido una guerra inútil.

El balance en vidas humanas es cruel. Casi 60 mil muertos y cerca de 10 mil desaparecidos. Ningún otro conflicto interno en época formalmente de paz tiene este record negro en la historia de México. De hecho, México es actualmente el único país del mundo que, sin existir una declaratoria formal de guerra civil, presenta tal número de violencia en sus calles. Es una triste realidad reconocida a nivel mundial, a tal grado que nos ha costado reiteradas alertas diplomáticas.

El otro costo igual de grave es el fiscal. Es decir, la rueda de molino para la economía y las finanzas públicas en que se ha convertido el combate ineficaz al crimen organizado, calificativo que destaca no sólo por el ejército de recursos materiales y humanos que involucran las actividades ilícitas, sino ante todo por la desorganización y descoordinación con las que el Estado mexicano las combate.

Los particulares (ciudadanos y empresarios) pagan el equivalente al 2% del PIB cada año para proteger sus vidas y bienes. 240 mil millones de pesos en equipos de seguridad, vigilancia privada, casas amuralladas, departamentos enrejados, pagos de seguros, cuotas ilegales, casas y vehículos blindados, etc., etc., es lo que cuesta vivir actualmente “seguro” en México.

Hace una semana, un empresario mediano del estado de Tamaulipas, me mostraba su corrida financiera de lo que debía de invertir en el rubro de seguridad para sus empresas y sus familias, y lo que le costaba residir mejor en los Estados Unidos, en concreto, en la ciudad de McAllen, Texas. Ni punto de comparación. El gasto personal y familiar anual era de 3 millones 600 mil pesos (277 mil dólares, a 13 pesos por dólar), mientras que vivir en la ciudad fronteriza le implicaba erogar sólo 110 mil dólares más. La razón es muy sencilla: en McAllen el gasto de los ciudadanos por concepto de “seguridad” personal y familiar es ínfimo (alarmas para vehículos, casas y seguros contra robos son muy bajos, porque la siniestralidad es también mínima). La seguridad corre por cuenta del Estado norteamericano y se cubre con los impuestos ordinarios que se pagan, en cambio en México cada ciudadano, además de los impuestos que cubre, debe rascarse con sus propias uñas y ahorros.

Desde 2007 que arrancó su guerra contra el crimen (con muy buenos principios éticos, pero con pésimas estrategias y tácticas de combate), el señor Felipe Calderón ha incrementado sostenidamente el gasto en seguridad pública. Mientras las potencias militares mundiales han incrementado su gasto de seguridad en 4% anual en promedio (Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón, Rusia), con tendencia incluso a bajar, México lo ha hecho sostenidamente a un ritmo del 7% anual. El gasto en este rubro ha crecido más que la inflación y que el crecimiento del PIB en los últimos cinco años. ¿Qué significa esto? Que necesariamente hay una transferencia y reducción de recursos en otras áreas de la economía nacional y del gasto público federal, para poder sostener el crecimiento en el renglón de seguridad.

Para el próximo año, por ejemplo, a pesar de que habrá cambio en la Presidencia de la República, el actual ejecutivo está solicitando un aumento de 3 mil 309 millones respecto al 2012, para llegar a un récord histórico de 97 mil 877 millones de pesos distribuidos en la Secretaría de la Defensa Nacional (43 mmdp), Seguridad Pública Federal (28.5 mmdp), Procuraduría General de la República (11.3 mmdp) y Gobernación (15 mmdp).

Si el incremento constante en el gasto de seguridad en los últimos años se hubiese traducido en una disminución de la violencia, el crimen y la delincuencia, el gasto en este rubro estaría más que justificado. Pero vemos que ha ocurrido exactamente a la inversa: que mientras más gasta el gobierno en seguridad, más se incrementa la violencia y la inseguridad en el país.

A la misma conclusión podemos llegar si evaluamos cada uno de los cuatro objetivos con los que se justificó inicialmente esta cruzada costosa en vidas y recursos: 1) Recuperar territorios en poder de los carteles; 2) disminuir la violencia criminal; 3) contener el fenómeno de las adicciones; 4) disminuir la expansión y el comercio de armas en el país. Cinco años después de estas metas, ninguna de ellas se ha cumplido. Hoy existen más territorios en poder de las mafias, más ejecuciones criminales, más droga y más armas en la calle que hace cinco años. Pero ante todo, la violencia ha causado el cierre de 160 mil negocios en el último año, según denuncia la Coparmex. Es decir, un total fracaso.

Y mientras el gobierno federal pide más recursos para su guerra fallida, otros campos son descuidados y abandonados. No hay medicinas en los hospitales, desaparecen los apoyos para los productores de alimentos básicos en el campo y se recorta el presupuesto en carreteras, presas y caminos. Un ejemplo triste, pero muy ilustrativo de cómo el gobierno ha invertido sus prioridades sociales, lo constituye el fenómeno de los estudiantes rechazados en las universidades públicas.

Mantener a un joven en la cárcel le cuesta al gobierno mexicano 4mil 500 pesos diarios en promedio, entre gastos de alimentación, sueldos a custodios, salarios a funcionarios. Sostener a ese mismo joven en una universidad o tecnológico de estudios superiores le cuesta mil 500 pesos al día. Un penal de alta seguridad para albergar a 800 custodios cuesta 900 millones de pesos. Una universidad equipada con laboratorios y tecnología de punta para dar cabida a 8 mil jóvenes estudiantes cuesta 500 millones de pesos. ¿Usted a que le daría preferencia?

Pues bien, el gobierno de derecha que tenemos (que no de Derecho) prefiere invertir en más penales que en más universidades. Prefiere subsidiar a la educación privada que ampliar apoyos a la educación pública. Y, lo más triste, prefiere mantener recluidos a los jóvenes en nuevas cárceles (porque el 70% de la población carcelaria es de jóvenes) que proporcionarles aulas y escuelas nuevas, cuando la educación es el mayor antídoto contra la violencia, la delincuencia y la impunidad.

Sólo hay una forma de corregir este círculo vicioso de que a mayor gasto en seguridad, mayor violencia y mayor desempleo. La respuesta es cambiando al gobierno que emprendió una guerra por razones de legitimidad política, sin importarle el costo en términos de vidas humanas, recursos públicos y empleos.

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx

Twitter: @ricardomonreala

Para construir penales de alta seguridad, con un costo promedio de 600 millones de pesos, sí hay presupuesto; en cambio, para construir nuevas universidades o tecnológicos, con un costo promedio de 500 mdp, ya equipadas, no hay presupuesto.

Hace apenas un par de semanas, el gobierno federal presumía dos penales de alta seguridad y anunciaba con gran orgullo que antes de concluir el año, inauguraría otros seis, con lo cual habría “resuelto el problema de la sobrepoblación penitenciaria ” en el país. ¿Y de la sobrepoblación de jóvenes estudiantes rechazados que terminan en la economía informal, en la emigración ilegal o en la delincuencia organizada, quien se hará cargo?

El fin de semana, la UNAM dio a conocer que de 110 mil aspirantes que presentaron examen de admisión, sólo 11 mil (10%) fueron aceptados. El fenómeno se repite en prácticamente en la mayor parte del sistema de educación pública media y superior del país. Desde hace una década, el fenómeno de los “rechazados” se incrementa anualmente, de 150 mil en 2002 a 150 mil este año. En el mejor de los casos se les dice que no aprobaron el examen o que no alcanzaron el promedio mínimo requerido; en el peor, simplemente que “no hay lugar”.

El “cerrojazo” a estos jóvenes se da en la etapa crítica de su desarrollo personal y profesional. Una parte mínima se inscribe en universidades privadas, donde comparte el estudio con algún empleo mal pagado, pero la mayoría (90%) engrosa la fila de los “ninis”, al no estudiar ni trabajar. Son vistos como una carga en sus familias, entran en conflicto inmediato con sus padres y encuentran por refugio el ambulantaje, el empleo precario, la pandilla, el cartel y, al final, la cárcel o la fosa común.

El 60% de los 60 mil muertos de los últimos cinco años, así como el 70% de los 225 mil presos que están saturando las 441 cárceles del país, son jóvenes de 18 a 33 años que deberían de tener otro destino, estudiar o trabajar, pero no la prisión. La “solución” que diseña el actual gobierno, la política de “readaptación social” que les ofrece, el “futuro” de vida que les espera son nuevas, modernas y muy sofisticadas cárceles de alta seguridad.

Los 225 mil reos cuestan al país 34 millones de pesos diarios. Es decir, 151 pesos diarios. 4 mil 530 pesos al mes. Una beca de mil 200 pesos al mes (que es el gasto promedio del Estado mexicano en un estudiante de educación media superior) le permitiría a ese joven tener un destino de vida diferente que pudrir sus mejores días en una prisión.

La educación es el arma más poderosa para prevenir la delincuencia y la violencia. Lo sabe desde el Sheriff retirado, antiinmigrante y republicano del condado de Maricopa en Arizona, Joe Arpio, hasta las autoridades penitenciarias de algunas regiones en Argentina que hoy mismo tienen a prueba un plan piloto para que los reos paguen sus condenas con ¡grados de estudios y trabajo comunitario¡ Para obtener su libertad, el reo deberá cursar obligatoriamente la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad y un posgrado, según sea el tamaño del crimen y el plazo de la condena; además de cubrir trabajo comunitario obligatorio. Es decir, en la cárcel los delincuentes dejan de ser “ninis”.

El Estado de derecha que padecemos en México (que no de Derecho), actúa exactamente al revés. Busca atajar el fenómeno de la violencia y la inseguridad atacando sus efectos finales, no sus causas primarias. Por eso construye más cárceles en lugar de más universidades, paga mejor a los custodios que a los trabajadores sociales, valora más a los testigos protegidos que a los investigadores universitarios, e invierte más en prisiones de alta seguridad que en becas para estudiantes.

Si queremos realmente combatir la inseguridad y la violencia, debemos invertir las prioridades, la estrategia y el enfoque de la política de seguridad pública prevaleciente. Los jóvenes merecen educación, salud, trabajo e integración social, en lugar de la discriminación educativa, la informalidad económica o la criminalización social a la que hoy están condenados.

Con miles de jóvenes rechazados cada año de las universidades y tecnológicos, el bono demográfico se convertirá en una pesadilla generacional. Es precisamente lo que busca revertir  el candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista, AMLO, al llegar a la presidencia de la República.   “Estamos preparados y decididos a resolver la actual crisis de inseguridad y de violencia. Lo haremos bajo el principio de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. La solución de fondo, la más eficaz y la más humana, pasa por enfrentar el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y por incorporar a los jóvenes al trabajo y al estudio”.

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx

Twitter: @ricardomonreala

El  Instituto para la investigación de Conflictos de Heidelberg (HIIK), Alemania, difundió el mes pasado su informe sobre las regiones conflictivas en el mundo durante 2011. Señala que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial no había tanta violencia en el planeta.

En 2011 hubo 20 guerras en todo el mundo, la cifra más alta desde 1945, indicó el HIIK, frente a las seis de 2010 y las 16 guerras de 1993, el anterior máximo histórico. 

Además de las guerras iniciadas en Medio Oriente y África a raíz del estallido de la Primavera Árabe, el informe califica de guerra los enfrentamientos entre el Estado y los cárteles de la droga en el noreste de México. De hecho, el estudio menciona que México fue el país con mayor violencia en América Latina durante 2011.

En América Latina los conflictos se concentran principalmente en México, con los choques violentos entre cárteles y de cárteles con el Estado; en algunos puntos de América Central; y en Colombia, por culpa de la droga, la guerrilla y los paramilitares, donde el informe habla de una “crisis severa”.

Recordemos que la “guerra contra el crimen” declarada por Felipe Calderón hace más de cinco años, y que lleva el récord de más de 50 mil muertos, 8 mil desaparecidos y 600 mil desplazados, tuvo precisamente su pico más alto el año pasado.

El estudio del HIIK documenta, además de México, 38 “conflictos muy violentos”, es decir, incidentes con uso masivo de la violencia y consecuencias graves. La mayor parte de la violencia se concentró en 2011 en conflictos internos, sobre todo en regiones de Medio Oriente y África. “Vemos que allí hay un alto potencial de nuevas escaladas de violencia”, señaló Christoph Trinn, presidente del instituto (El Universal, 24 de febrero 2012).

Las tres guerras nuevas en Medio Oriente son las de Yemen, Siria y Libia, enmarcadas en la Primavera Árabe, apunta el informe, que advierte asimismo sobre el prolongado enfrentamiento que se vive en Nigeria y la intensificación del conflicto en Sudán.

El Barómetro de conflictos destaca que el conflicto en el País Vasco ha descendido hasta “no violento” tras el anuncio de la banda terrorista ETA de un alto el fuego permanente en octubre.  Por el contrario, el instituto vio una estabilización en las guerras de Afganistán y Paquistán contra los talibanes.

Para tener una idea de la magnitud de la guerra irregular y de la violencia asociada que estamos viviendo en México, procedemos a comparar algunos indicadores de México y otras naciones En Irak, la guerra que libran los grupos militantes sunitas costaron la vida a 4 mil personas en 2011, apuntó el indicador del HIIK. En México, la cifra de ejecuciones extrajudiciales rebasó las 10 mil personas.

En la región sudanesa de Darfur huyeron entre diciembre de 2010 y abril de 2011 alrededor de 180 mil personas a causa de los combates entre las tropas del gobierno y diversas agrupaciones rebeldes, reportó el instituto. En Somalia, la guerra entre fuerzas del gobierno y las agrupaciones Al-Shabaab y Hizbul Islam se agudizó por el hambre en el Cuerno de Africa, de forma que el número de refugiados aumentó en 2011 a 330 mil dentro del país y 286 mil somalíes que huyeron a naciones vecinas. En México, la cifra de desplazados por la situación de violencia e inseguridad rebasa las 600 mil personas. Sólo el año pasado se estimó en más de 100 mil.

Además, en 2011, concluye el reporte, se registraron 115 disputas (frente a las 95 de 2010), 87 crisis no violentas (frente a las 108 del año anterior), 148 crisis violentas (frente a las 139 de 2010) y 18 guerras limitadas (frente a las 22 del año anterior).  La mayoría de estos conflictos tienen causas ideológicas, de poder nacional, recursos o predominio subnacional, según el estudio del HIIK.

De hecho, de los conflictos que monitorea el HIIK y otras agrupaciones civiles como la “Casa de la Paz”, destacan que México es el único país en el mundo que busca combatir la criminalidad y las drogas mediante estrategias bélicas o de enfrentamiento punitivo. La mayoría de los países enfrentan estos problemas con estrategias no intrusivas, operaciones quirúrgicas de inteligencia, operativos controlados de seguridad y, en la totalidad de los casos, con fuerzas civiles no castrenses. México es, pues, el único país que busca terminar con el cáncer de la delincuencia utilizando el hacha y el serrucho, o que busca eliminar a escobazos las colmenas de abejas africanas o asesinas.

En los años recientes México ha experimentado una explosión de la violencia homicida en formas inéditas e inimaginables en la historia contemporánea, forzando al gobierno a acciones extraordinarias y no siempre claramente concertadas con otros actores gubernamentales y sociales.

En algunas situaciones y regiones del país el orden público y la paz social se han visto profundamente afectadas y la estabilidad política y social se ha visto comprometida.

La seguridad personal, la integridad física y de los bienes de las personas, de los valores de muchas empresas y de ciudades y regiones enteras del país no está garantizada actualmente por el Estado. Muchas instituciones del Estado están comprometidas en este desastre (siendo las policías locales el ejemplo más trágico) y ninguna está aislada o al margen de los peligros y riesgos de infiltración y corrupción.

Comunidades enteras del país han sufrido por la violencia homicida, como también han sido victimizadas por las actuaciones ilegales y violatorias de policías y del ejército mexicano.

Si bien no podemos hablar aún de una crisis humanitaria o de un estado fallido, la seriedad de la situación nos obliga a reflexionar responsablemente sobre el curso actual de la violencia, sobre la actuación y retos de los órganos de seguridad y procuración de justicia del Estado y, sobre todo, del papel crítico de la actual estrategia de combate al crimen.

El gobierno federal no ha producido todavía los resultados que nos permitan pensar en un escenario optimista. En síntesis, el futuro del país está en riesgo; en consecuencia, se requiere de un programa de acción emergente que considere responsablemente la necesidad de tener un diagnóstico y una prospectiva integral del combate a la delincuencia.

En este sentido, destaca la propuesta que el candidato de las izquierdas a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, formuló recientemente al vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en su reciente visita a la Ciudad de México. En materia diplomática, sí a la cooperación, no a la subordinación; sí a la interdependencia económica, no al colonialismo; sí a la colaboración para la seguridad, no a la ocupación parapolicial; sí a la conciliación histórica, no al avasallamiento político; más cooperación para el desarrollo económico, menos colaboración militar para tener no solo un país más seguro, sino ante todo un continente menos violento, más pacífico y más democrático.

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.m

Twitter; @ricardomonreala

¿A qué vino el diplomático, demócrata y realmente prudente vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden?

“EU examinará en seguridad a Peña, Josefina y AMLO” cabeceó ayer Milenio diario. En efecto, el vicepresidente viene a eso, a auscultar personalmente cuáles son las propuestas en materia de seguridad, pero sobre todo cuál es el grado de compromiso del sucesor de Felipe Calderón de continuar la “guerra contra las drogas”, en sus términos actuales.

¿Es verdad que si el PRI regresa a la Presidencia negociará y pactará con el crimen organizado, tal como lo ha manejado informalmente el gobierno de México en Washington? ¿Es cierto que la izquierda mexicana se haría de la “vista gorda” en el tráfico de drogas mientras éstas no se queden en territorio mexicano y hasta fomentaría una alianza tipo FARC en Colombia o Venezuela entre productores de drogas y grupos ideológicos radicales?

JVM habría jurado continuidad eterna e implorado más ayuda externa. EPN habría negado su intención de pactar con el narco y refrendado su compromiso de luchar contra el crimen, pero con otros métodos (“¿me refrendarías todas estas promesas de campaña frente a un polígrafo o ante un notario?”, habría pensado seguramente el discreto vicepresidente Biden). Mientras que AMLO habría confirmado lo que ha dicho sobre este tema y la relación con los Estados Unidos en general.

A saber: que la lucha contra las drogas es binacional y multinacional; que se debe combatir tanto la oferta como la demanda; que se requiere de un enfoque integral no solo punitivo; que mientras los jóvenes no estudien ni tengan empleo, la delincuencia no cederá; que contribuyen más a la seguridad nacional 10 nuevas universidades y tecnológicos que 100 nuevos penales; que el principal enemigo en México es la corrupción policial y judicial, derivada de la protección política que practican tanto gobiernos del PRI como del PAN; en suma, más abrazos y menos balazos, tanto en México, como entre México y Estados Unidos.

Biden prefirió venir y realizar personalmente la auscultación, que confiar en los cables e informes de su representación diplomática, tan vulnerable en los tiempos de Wikileaks.

No hay registro de una visita con este formato. El vicepresidente de los Estados Unidos llega en plena temporada electoral y se entrevista con tres de los cuatro candidatos presidenciales. Por orden alfabético: AMLO, EPN y JVM. Quadri podrá alegar algo que en Estados Unidos tiene muchas más consecuencias políticas, sociales y jurídicas que en México: Discrimination.

Hace doce años, una entrevista así hubiese causado reacciones de todo tipo. Hoy Joseph Biden llegó erguido, caminando a paso firme y, literalmente, como si estuviera en casa, con la seguridad y prestancia de quien sabe que tiene el control de la situación.

La bienvenida a Biden es fiel reflejo de cómo ha evolucionado la relación de México con Estados Unidos en las últimas décadas. Una tercera parte de los mexicanos desearían radicar en los Estados Unidos, porque México no les da la oportunidad de una vida mejor. Dos terceras partes consideran la democracia norteamericana como un ejemplo que deberíamos adoptar. La culturización de los niños, jóvenes y mujeres mexicanas, conforme a los estilos y valores de vida norteamericanos, está más que documentada.

Si a ello agregamos los datos de la integración económica, comercial y financiera por todos conocidos, especialmente a partir de la puesta en marcha del TLCAN, más la ocupación en términos de seguridad nacional y de operación militar que ha traído consigo la llamada “guerra contra el crimen” en los últimos cinco años, tenemos el cuadro completo del proceso de necolonización (así se le llama en la doctrina moderna de las relaciones internacionales) que ha experimentado el país. Baste recordar que el estado de California, como integrante de un Estado Federal, tiene mayor autonomía e independencia en el diseño de políticas públicas de seguridad pública y procuración de justicia que nuestro país, como integrante de una comunidad regional de naciones soberanas.

Desde la izquierda, las coordenadas bajo las cuales se debe mover la relación entre México y Estados Unidos están claramente delimitadas: en materia diplomática, sí a la cooperación, no a la subordinación; sí a la interdependencia económica, no al colonialismo; sí a la colaboración para la seguridad, no a la ocupación parapolicial; sí a la conciliación histórica, no al avasallamiento político. O como le manifestó AMLO a Biden: más cooperación para el desarrollo económico, menos colaboración militar para tener no solo un país más seguro, sino todo un continente menos violento, más pacífico y más democrático. ricardo_monreal_avila@yahoo.com.m Twitter; @ricardomonreala