por Ricardo Monreal Ávila

Un letrero de madera, no mayor a 50 centímetros de largo por 15 de ancho, colgado en la pared del corredor de acceso, ente dos sillas-mecedoras de madera, con asiento y respaldo de paja, da cuenta del lugar al que llegamos: “Aquí es la Chingada”.

Es la casa familiar, íntima, de Andrés Manuel López Obrador, candidato de las izquierdas a la Presidencia de la República, ubicada sobre la carretera federal México 199, tramo Pakalná-Palenque, en Chiapas, la cual describió atinadamente el sábado pasado Antonio Villegas, en su crónica de Milenio, “El refugio de López Obrador”. Es una propiedad rústica, con una fachada modesta, sin lujo alguno, con un portón alto negro, ubicada enfrente de la unión Ganadera Regional de Catazajá.

Originalmente la casa (paredes de concreto y techo verde) fue levantada en una propiedad de seis hectáreas, adquirida por los padres de Andrés Manuel –Don Andrés y doña Manuelita–, hace 36 años. Durante cuatro años se construyó el hogar paterno, con los ingresos y ahorros obtenidos por sus padres en la posada Ki-Chán, que significa “Tío” en Chontal, donde trabajaron varios años.

Al fallecimiento de Don Andrés y Doña Manuelita, en el año 2000, las seis hectáreas fueron divididas entre cada uno de los hijos. A Andrés Manuel, por ser el hijo mayor, le correspondió una hectárea y la casa. Él fue quien la bautizó con el mexicanísimo nombre que hoy lleva. “Me inspiré en El Laberinto de la Soledad de Octavio Paz”.

Tomó el libro del premio nobel y me mostró un párrafo subrayado: “¿Qué es La Chingada?.. En México los significados de la palabra son innumerables. Es una voz mágica. Basta un cambio de tono, una inflexión apenas, para que el sentido varíe. Hay tantos matices como entonaciones: tantos significados como sentimientos”.

Al traspasar el portón de “La Chingada” se observa todo lo contrario a la rabia, la exasperación y el coraje asociadas al término: una pequeña laguna y un camino rústico guiado por palmeras de coco que desemboca en la casa donde AMLO suele pasar sus días de asueto y meditación. Pero lo más notable a la vista de los visitantes son, sin lugar a dudas, los árboles y plantas que la rodean. Los hay frutales y de ornato. Árboles de naranja, limón, mango, guanábana, zapote y amaxito, comparten la tierra con tulipanes, ceibas, cedros y caobas. Toda esta flora variada es también el hogar de muchos pájaros de la región.

A Doña Manuelita se le debe el ambiente verde y feraz  del predio, ya que ella fue quien sembró y cuidó de este auténtico jardín botánico. Posteriormente, AMLO continuaría la tradición materna y familiar. Él ha sembrado personalmente varios árboles y plantas que actualmente crecen en el lugar. Por ejemplo, hay un retoño del árbol de Tule que le regalaron en Oaxaca, al terminar un mitín en la plaza de Santa María. También un retoño del Árbol de la Noche Triste que le obsequiaron los restauradores.

En “La Chingada” (“espacio lejano, vago e indeterminado. País gris que está en ninguna parte” según el minidiccionario de groserías mexicanas, en taringa.net; “una de las representaciones míticas de la maternidad mexicana”, según Octavio Paz;  aunque también es una localidad del municipio de Perote, en Veracruz, que sólo cuenta con cinco habitantes según el registro civil local), Andrés Manuel suele pasar días de reflexión y definición. Aquí ha escrito la mayor parte de sus libros y los discursos más importantes, como la toma de posesión del GDF y el del desafuero. Incomunicado con el exterior: sin radio, televisión ni celulares. Conectado consigo mismo: sólo papel, pluma, un ordenador, los libros de su biblioteca personal y su familia. Un verdadero espacio de amor y reencuentro, donde suele retomar el vigor y la energía para desplegar jornadas laborales de 16 horas diarios, ininterrumpidas, de siete de la mañana a once de la noche.

El día que llegué a la finca, Pepé Potenciano, amigo de la familia, envió tortillas de Yuca con maíz nuevo, pejelagarto, queso de pijijiapan y frijoles negros. “Será la última vez que participe desde una candidatura para buscar un cambio verdadero en el país. Si la gente decide lo contrario, es decir, que continué la corrupción, la descomposición y la degradación del PRI y del PAN, entonces yo me vendré aquí, a La Chingada”… Sería mejor mandar a la chingada la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y la corrupción en México, ¿no cree usted?

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx

Twitter: @ricardomonreala

Hace más de un mes la Secretaría de Trabajo y el IMSS salieron a festinar con bombo y platillo que se había creado 590 mil nuevos empleos formales durante el último año. Hace cinco días, el Inegi vino a mostrar el otro lado de la moneda: el empleo informal creció dos veces más que el formal. En efecto, reveló que el año pasado un millón 684 mil personas se sumaron a la informalidad, para hacer un total de 14 millones de personas, lo que representa el 29.2% de la PEA: un nivel nunca antes registrado.

En el 2010 esa cifra era de 12 millones 400,000 y representaba 28% de la PEA, lo que resulta preocupante, pues “habla de la magnitud que ha alcanzado el empleo informal en donde los trabajadores no tienen acceso a la seguridad social”, advirtió Alfonso Bouzas, especialista laboral de la UNAM. Lo anterior refleja que hay un deterioro en la calidad del empleo, ya que el empleo informal no otorga prestaciones de seguridad social y tampoco contribuye a la economía nacional.

Según el Inegi, 42% del millón de empleos generados fue con acceso a instituciones de salud. Sin embargo, esta cifra contrasta con el incremento de 623,379 plazas reportado por el IMSS. Ello implica una pérdida de 196,100 empleos ligados al acceso a instituciones de salud distintas al IMSS.

En dicho periodo, la PEA creció en 2.4 millones de personas, lo que representa un crecimiento del mercado laboral que llega a 50 millones de trabajadores en el país. Así, mientras que 77 de cada 100 hombres en estas edades son económicamente activos, en el caso de las mujeres 43 de cada 100 están en esta situación.

El incremento neto de la ocupación total en el País, según la encuesta trimestral que levanta el Inegi, fue de 2 millones 474 mil. Esto quiere decir que dos de cada tres nuevas ocupaciones en el País se crearon en la informalidad.

Además de este hecho, algo singular pasó en el mercado laboral mexicano el año pasado, advierte el analista económico del diario Reforma, Enrique Quintana (“Coordenadas”, 13 de febrero del 2012).

La Población Económicamente Activa (PEA) subió en 2011 en casi 2.4 millones de personas, cuando lo tradicional era un aumento promedio cercano a un millón por año. “La razón es que más y más gente se puso a buscar trabajo o a chambear de lo que sea. Le recuerdo que quien está de ocioso o estudia o se dedica al hogar no forma parte de la PEA. Para estar allí, además de tener edad laboral, se requiere estar trabajando o buscando trabajo”.

La Población No Económicamente Activa (PNEA), de hecho, se redujo en 887 mil personas. “Eso se puede ver como algo positivo si más gente piensa que es factible conseguir alguna ocupación, o como negativo en el sentido de que quizá más y más integrantes de la familia se han visto en la necesidad de buscar algún empleo para llevar dinero a la casa”.

Otra de las mediciones de la informalidad poco empleadas es la relativa a los patrones o empleadores. La encuesta del Inegi revela que el número de patrones al cierre de 2011 fue de 2 millones 290 mil personas, 553 mil más que un año antes.

“Sin embargo, cuando se observan las estadísticas del IMSS, se ve que el número de patrones registrado en el Instituto es de sólo 828 mil 529 y que la variación del año pasado fue una reducción de 26 empleadores”.

Esto implica que cerca del 64 por ciento de los empleadores en México se encuentran en la informalidad, una cifra muy superior al casi 30 por ciento de las personas ocupadas.

O si lo quiere ver de otra manera, “es probable que dos terceras partes de las unidades productivas del País sean informales y le den trabajo al 30 por ciento de los trabajadores”.

El empleo informal es en realidad un desempleo formal. El trabajo precario o vulnerable es causa y efecto de otros desequilibrios económicos. Por ejemplo, acentúa la desigualdad y la pobreza, hunde a la economía en la improductividad, fomenta la ilegalidad y la corrupción, deteriora las finanzas de los gobiernos, fomenta los bajos sueldos de la economía formal, alienta la economía de lo ilícito y termina perjudicando al consumidor, que es el último eslabón de la economía informal.

Además del desempleo formal, uno de los grandes alicientes de la economía informal son los bajos salarios que se pagan en México. Desde hace 25 años, la política económica ha buscado hacer competitivo al país, en el mercado global de inversiones, manteniendo bajos el ingreso de los trabajadores.

El Departamento del Trabajo de los Estados Unidos hace un seguimiento de los costos laborales comparativos en 31 países, considerando tanto los salarios directos como otros costos en los que incurren las empresas, como los pagos de la seguridad social o impuestos específicos que el patrón debe cubrir por contratar.

De acuerdo con el análisis de la autoridad norteamericana, México está en el penúltimo lugar de esa lista, sólo adelante de Filipinas.

El costo por hora trabajada en nuestro País es de 6.23 dólares.
Esto significa un costo mensual para las empresas de 20 mil 484 pesos por trabajador manufacturero. La cifra está muy por arriba de los promedios salariales generales por considerar sólo las manufacturas y además incluir los costos sociales adicionales.

Sin embargo esa remuneración es apenas la mitad de lo que se paga en promedio en Argentina; 38 por ciento menos de lo que se paga en Brasil y 25 por ciento por abajo de lo que se desembolsa en Taiwán, por no citar que es 82 por ciento inferior al promedio de Estados Unidos.

Sueldos bajos, empleo informal, economía precaria y desigualdad son los ingredientes que han hecho de México lo que es hoy: un país que se ha ido rezagando frente a otras naciones en los indicadores básicos de competitividad, crecimiento y bienestar. Con la mitad del cuerpo social metido en el fango de la pobreza, con dos terceras partes de los trabajadores en la informalidad y con una espiral de violencia e inseguridad en la mitad del territorio, ¿cómo vamos a convertirnos en una potencia económica?

 ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx

Twitter: @ricardomonreala

Despierta México es una asociación civil formada por empresarios, profesionistas y ciudadanos sin partido que se han encontrado con AMLO en los últimos meses y simpatizan con su proyecto. Alfonso Romo, Fernando Turner y Adolfo Hellmund son algunos de sus fundadores y los más entusiastas promotores de las reuniones del candidato de las izquierdas con los empresarios de las principales plazas del país, como Monterrey, Torreón, Guadalajara, Puebla y la Ciudad de México.

Hace seis años, muchos de sus integrantes votaron por el PAN y el PRI, influenciados en gran parte por la campaña de odio desatada en contra de AMLO al señalarlo como “un peligro para México”. Por ello, es interesante consignar los motivos del actual acercamiento con el candidato presidencial del Movimiento Progresista.

En las ciudades donde la alternancia se ha concentrado entre PRI y PAN, el argumento es reiterado: “Aquí ya probamos PRI y PAN y ambos fallaron”; “en materia de corrupción, PRI y PAN son lo mismo”; “otros seis años de inseguridad y violencia no los aguanta el país”; “el peligro para México resultó estar en otro lado”; “el país necesita un cambio verdadero, un cambio profundo, y sólo él lo ha planteado”; “no está comprometido con ninguno de los grandes grupos que controlan la economía y no dejan entrar a nuevos jugadores”; “simplemente no lo conocía, no sabía de sus propuestas, me fui con la finta de que era un peligro para el país”; y así por el estilo.

Despierta México acaba de iniciar una campaña en las redes sociales para desmontar los 10 “mitos sobre AMLO”. En esta semana empezó a circular el “Mito 1: AMLO es mal administrador; quebró las finanzas del DF”. El texto es ilustrativo: “¿Recuerdan los anuncios del PAN en 2006, que recuerdan que AMLO había triplicado la deuda del DF? Mentira absoluta. La deuda del DF pasó de 28.7 mil millones de pesos (mmp) en 2000 a 43.5 mmp en 2005, para un crecimiento nominal de 51.5%. Esto representó un crecimiento real, descontada la inflación, de 3.3% anual. Sin embargo, lo relevante es que los endeudamientos anuales, que habían promediado 5.25 mmp al año en el período 1995-2000, se redujeron a un promedio de 3.0 mmp en los cinco años de gobierno de AMLO. Es decir, a pesar de la introducción de programas sociales trascendentes y de importantes obras públicas, el DF disminuyó su ritmo de endeudamiento a menos de 20% de lo que era antes de que AMLO asumiera la Jefatura de Gobierno… Además dicha deuda fue calificada con la más alta calidad crediticia por Fitch como positiva (AAA)”.

Todos y cada uno de los mitos sobre AMLO serán desmentidos por Despierta México para normar el criterio de aquellos ciudadanos independientes o indecisos que, en efecto, no conocen las propuestas de AMLO, y podrían votar por él.

¿Qué propuestas económicas atraen a los empresarios? En primer lugar, el combate a la corrupción. Están conscientes del alto impuesto que se paga en México por este rubro. Casi 2% del PIB, sin contar el nuevo “impuesto” producto de la impunidad, la inseguridad y la ineficacia para combatir a la delincuencia: la extorsión o derecho de piso. Seis de cada 10 empresarios que se han acercado a AMLO han padecido o padecen la extorsión.

Otros planteamientos son la eliminación de los privilegios fiscales a un puñado de grandes corporativos y la apertura de los sectores monopólicos de la economía. La eliminación del IETU, la reducción en los precios de los energéticos y en las tarifas eléctricas, el diseño de una política de integración industrial y la reactivación del mercado interno son otras de las propuestas coincidentes con los empresarios. La reducción del gasto corriente del gobierno (especialmente los altos sueldos y prestaciones de la burocracia dorada) y modernizar las empresas del sector público, como Pemex y CFE, sin privatizarlas, también han sido bien vistas por este sector productivo que ha logrado sobrevivir a los embates de la crisis económica y de la inseguridad. Despierta México ha diseñado escenarios econométricos con estas variables y ha estimado que bajo estos nuevos lineamientos de política económica se puede alcanzar un crecimiento económico del 6% y generar un millón 200 mil empleos anuales.

Los empresarios no son el único sector que está cambiando su percepción sobre AMLO. Hace algunos días el historiador Enrique Krauze señaló en entrevista con Sergio Aguayo Quezada (canal once), lo siguiente: “Tiene muchas cualidades: tiene una gran vocación social, no es corrupto, es limpio, ama a México, se preocupa por la gente pobre… Todas esas cosas son muy respetables; además, su diagnóstico sobre este país necesitado de un cambio profundo también es válido”.

Despierta México es el caso de una auténtica iniciativa ciudadana, independiente, que va más allá de la indignación social para impulsar un cambio verdadero, distinto al cambio hacia atrás o al continuismo del presente que ofrecen las otras opciones electorales.

 ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx

Twitter: @ricardomonreala

RICARDO MONREAL ÁVILA, Senador de la República de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO H) DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 220 DE LA LEY DEL IMPUESTOS SOBRE LA RENTA al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La minería es una actividad económica que siempre ha estado presente en el proceso histórico de México, su importancia socio-económica, requiere de la comprensión de los factores que la regulan y de los problemas que la aquejan.

Lamentablemente, las condiciones actuales de la industria minera en México, producen efectos mucho más nocivos en el aspecto medio ambiental y de justicia social. Dentro de esto último, contamos las innumerables reclamaciones de los ciudadanos de comunidades, ejidos, pueblos o municipios, que ven con tristeza el grado de impotencia en el que se encuentran, cuando caen en cuenta que las mineras reciben el respaldo de todos los niveles administrativos del gobierno.

El tratamiento fiscal a la minería es la principal fortaleza de México para atraer inversiones, como han revelado firmas como la consultoría estadounidense Grupo Behre & Dolbear Inc., quien se ha especializado en evaluar anualmente el “riesgo político” en 25 países con vocación minera desde 1999.

Entre los 25 países analizados por la consultoría, México ha liderado a los demás por cobrar menores impuestos a las empresas mineras, con una calificación de ocho, en una escala de 0 a 10, en donde el máximo puntaje otorga una mejor calificación.

Así por ejemplo, según la “Clasificación de países para invertir en minería 2009”, que recaba información del 2008, las naciones que más se acercaron a México en el rubro de régimen fiscal fueron Australia y Canadá, con una calificación de 7.

El análisis se basa en las propias experiencias de Behre & Dolbear como parte de su actividad de consultoría en más de 40 países. Además, se apoya en el reporte “Index of Economic Freedom” (una publicación de The Wall Street Journal y Heritage Foundation) y publicaciones de Transparencia Internacional. Cabe señalar que en el rubro de conflictos sociales, nuestro país obtuvo 2 dos puntos de calificación en una escala de 10.

Esto no puede ser más contrastante y revelador; de manera inexplicable, se ha ponderado en nuestro país la adopción de una serie de medidas, para lograr captar la atención de los inversionistas tanto nacionales como extranjeros, por encima de la estabilidad y el bienestar social generalizado.

Aunque debe decirse, que lo anterior no es sino una muestra más de los resultados producidos por la implementación de una economía política de corte entreguista y neoliberal, a cargo de las últimas administraciones gubernamentales. En donde se privilegian los intereses del capital por sobre el interés social, y en donde la desigualdad, la injusticia, la impunidad y la corrupción, son otros de esos resultados.

Actualmente, las mineras pagan impuestos sobre las concesiones, que van desde los US$0,03 hasta los US$7,50 por hectárea. Y al día de hoy, la industria minera se ejerce en su mayor parte por grandes corporaciones que están en manos de extranjeros, quienes han sido los verdaderos beneficiarios de la política neoliberal y privatizadora de los recursos, que en teoría son del exclusivo dominio de la nación. Política que fue consolidada por las reformas llevadas a cabo por Carlos Salinas de Gortari, quien en 1992 expidióla Ley Mineraen vigor.

Las últimas administraciones han adoptado políticas y actitudes entreguistas al proteger  los intereses de un grupo de empresas extranjeras en su mayoría canadienses  que han extraído el doble de oro y la mitad de la plata  que la Corona Española atesoró en 300 años de conquista y coloniaje.

Un grupo de seis firmas mineras canadienses controlan el 70% de la explotación del oro en nuestro país y poseen en territorio nacional reservas de este metal por más 82 mil 924 millones de dólares.

En 2010 la Cámara Minera de Mexicana (CAMIMEX), reporto que 8 de 11 las principales minas son operadas por empresas extranjeras, y según datos de la Secretaría de Economía 41 de las empresas dedicadas a este ramo 25 son filiales a corporativos canadienses.

Las autoridades federales han renunciado a velar por el medio ambiente, la salud y la integridad de las comunidades al permitir que se siga llevando acabo la conquista de suelo patrio con la entrega de 56 millones de hectáreas, lo que representa el 26 % del territorio nacional y por si fuera poco están en marcha 757 proyectos extractivos de capital extranjero.

Lo que nos ubica como el cuarto destino más atractivo en el mundo y el primero en América Latina para las inversiones en explotación minera, según la Cámara Minera de México (CAMIMEX) en su informe anual 2011.

La normatividad ambiental no es un obstáculo para la minería.Esa vastísima riqueza concedida a los consorcios mineros privados no acaba ahí, pues se adereza con generosas extensiones fiscales, autoridades serviciales, leyes laxas e incumplidas, complicidad del poder político, daño ecológico, persecución sindical, outsourcing, inseguridad e insalubridad para los trabajadores y explotación de la mano de obra.

La industria minera que es controlada por unas cuantas empresas extranjeras esta sujeta a un régimen fiscal de privilegios en comparación con otros países de América Latina, como es el caso de Perú donde se cobra un derecho por uso de concesión, es decir la empresa minera esta obligada a pagar un impuesto que se determina con base en el valor de venta del producto.

Mientras en México el derecho se genera por hectárea  concesionada, lo cual evidentemente representa un beneficio económico para las empresas privadas que realizan actividades en territorio nacional.

Este régimen contribuye a elevar las ganancias, más allá de las generadas por la explotación y venta del recurso. Por otro lado, no obstante que todo aquel contribuyente que se dedique a la actividad minera debe enterar el ISR, IETU y el IVA, existen privilegios fiscales o ventajas a las que acceden las empresas mineras extranjeras, como se observa con claridad en el artículo 220, fracción II, inciso h) de la Ley del Impuestos Sobre la Renta el cual establece la posibilidad de deducir hasta un  77 % del valor de los activos fijos nuevos en los que se ha invertido.

La diferencia entre las empresas mexicanas y las extranjeras  radica en que estas últimas son respaldadas por los tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano para evitar la doble tributación.

Como se ha mencionado, las empresas mineras que operan en nuestro país, sin importar el origen de su capital, pagan un derecho por la explotación de la concesión determinada con base en las hectáreas  o fracciones asignadas a las compañías que se dediquen  a la minería. Lo que se traduce en una nimiedad que en nada representa un ingreso para el Estado mexicano.

El pago simbólico ha permitido abusos y conflictos en las comunidades cercanas a las zonas en donde las mineras llevan a cabo sus actividades, como los casos de la minera “San Xavier “, en San Luis Potosí, “El zapotillo” en Jalisco, “El Peñasquito”, en Zacatecas y “Caballo Blanco”, en Veracruz  en donde la arbitrariedad es la constante que trae consigo el despojo de tierras, la afectación definitiva del ecosistema y desmonte de miles de hectárea.

Por tanto, a principios de la actual legislatura, el suscrito presenté una iniciativa para transformar sustancialmente el régimen de pago de derechos que se cobra a la industria minera, y al mismo tiempo para limitar su capacidad depredadora del medio ambiente y del equilibrio socio económico y cultural de las comunidades de México.

En consecuencia, con la presente iniciativa se pretende complementar la intención de transitar a un régimen fiscal en el ramo minero más justo y equitativo, reduciendo privilegios fiscales como el consistente en el 77% que los contribuyentes de la industria minera pueden deducir de la inversión de bienes nuevos de activo fijo, y que pueden hacer efectivo en el ejercicio en el que se efectúe la inversión de los bienes nuevos de activo fijo, en el que se inicie su utilización o en el ejercicio siguiente.

Deducción contemplada en el inciso h) de la fracción II del artículo 220 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Por lo anterior, someto a la consideración del pleno el siguiente PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA EL INCISO H), FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 220 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA para quedar como sigue:

 TRANSITORIO

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial dela Federación.

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 7 días del mes de febrero de 2012.

Hoy se reúnen Cuauhtémoc Cárdenas y AMLO, los dos líderes más importantes de la izquierda mexicana. 

Es un auténtico reencuentro político, en el sentido de refrendo de una relación original y originaria (no de superación de un presunto divorcio que nunca fue tal). Este reencuentro marca también el encauzamiento de un proyecto de cambio para México, donde la justicia, el crecimiento y la igualdad ocupen el lugar de la violencia, la desigualdad y el estancamiento económico de las últimas décadas.

Por ello, este reencuentro político se suscribe bajo la presentación de una propuesta programática de cambio y progreso para el país, que promueve Cuauhtémoc Cárdenas con el nombre “Un México para Todos” (UMPT). El proyecto UMPT viene a sumarse y a enriquecer la plataforma y el programa de gobierno de la Coalición Movimiento Progresista  que apoya a AMLO.

En el proyecto UMPT “estamos planteando caminos de solución para los problemas del país y quisiéramos que la propuesta fuera tomada por los partidos democráticos progresistas”, ha señalado Cuauhtémoc Cárdenas.

“Hay que atenderlos de forma paralela, simultánea y coordinada, tanto en el crecimiento económico, salud, avanzar en cuestiones de género, como mejorar la calidad de educación y la política internacional, combatir la violencia”, entre otros.

Afirmó que “es posible establecer una política que permita crecimiento acelerado y en el largo plazo, que tiene que partir de una reforma fiscal a fondo que toque todos los impuestos, menos carga en quienes menos ingresos tienen: Más cargas fiscales en quienes más ingresos tengan; se tienen que terminar con regímenes especiales”, además de impulsar el rescate del campo, la soberanía energética, el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología y una política de integración industrial (Notimex, 6 de febrero 2012).

El refrendo político de hoy entre AMLO y Cuauhtémoc Cárdenas es estratégico para que las izquierdas puedan ganar la elección presidencial el próximo 1 de julio. Hace seis años hubo en las boletas dos opciones de izquierda: AMLO y Patricia Mercado. Andrés Manuel obtuvo 14 millones 756 mil votos y Patricia un millón 129 mil… Entre ambos, la izquierda hubiese ganado la Presidencia con más de 800 mil votos de diferencia o 3 puntos porcentuales. La embestida para arrebatarle a AMLO la presidencia no hubiese prosperado. La unidad de las izquierdas, partidistas y sociales, de sus liderazgos y sus bases, es entonces un requisito fundamental para garantizar la victoria.

Será importante ver en la reunión de hoy a todo el espectro de las izquierdas partidistas que desde hace varios años no tenía un punto de convergencia o un catalizador como el reencuentro de hoy entre Cuauhtémoc Cárdenas y AMLO. 

Una izquierda unida está en mejores condiciones de enfrentar el siguiente reto de la campaña electoral: cohesionar a los electores de izquierda y centro-izquierda; posicionarse en los electores de centro; atraer a los indecisos y convencer a los electores independientes. Tan sólo los indecisos rondan actualmente el 25% de los potenciales electores, mientras que los independientes son una tercera parte, de acuerdo a diversos estudios demoscópicos. Este es el segmento que definirá la elección presidencial y en donde aún no hay nada para nadie.

Con la definición del PAN a favor de Josefina Vázquez Mota, las opciones básicas ante el electorado están delineadas. Se perfila desde ahora una elección a tercios y un piquito (PANAL), donde el tema del cambio será el guión de fondo. El PRI ofrecerá el cambio generacional, mientras que el PAN buscará vender el cambio de género. Las izquierdas deberán insistir en el “cambio verdadero”, que es el cambio de rumbo social, económico y político que necesita el país.

Hace doce años la derecha vendió un cambio ilusorio: la alternancia partidista. “Cambiemos de partido y los demás cambios llegarán por sí solos”. Sin embargo,  lo que llegó fue más corrupción, más pobreza y más violencia. Hoy la derecha tendrá dos ofertas de cambio igualmente ilusorias: el cambio generacional y el cambio de género.

La tarea de las izquierdas unidas será desmontar esa ficción: mostrar que debajo de la supuesta nueva piel del PRI habita el mismo dinosaurio de siempre y que la presidencia de la República requiere urgentemente un cambio de giro y de dirección, no un cambio de sexo. Habrá que recordarle al electorado que PRI y PAN ya tuvieron su oportunidad y no pudieron, fallaron. Que ahora es el momento de una tercera opción, la de las izquierdas, la del cambio verdadero, el cual significa ir más allá del cambio de piel o del cambio de género.

Un cambio democrático verdadero, no ilusorio, como lo mandata la Constitución en su artículo tercero, donde la democracia es definida “no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. Es decir, todo lo contrario a la herencia que han dejado los gobiernos del PRI y del PAN.

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx

Twitter: @ricardomonreala

por Ricardo Monreal Ávila

Quien piense que la elección presidencial ya está decidida, se puede llevar una desagradable sorpresa.

La realidad no es estática. Las encuestas que señalan desde hace tiempo una marcada preferencia hacia el PRI y su precandidato Enrique Peña Nieto, se empiezan a mover hacia el centro, es decir, se empiezan a cerrar.

Retomo el siguiente análisis de Juan Pablo Becerra Acosta, reportero de asuntos especiales de Milenio: “Peña Nieto ha disminuido su ventaja. Vamos a ver, vamos a desmenuzar las cifras de Consulta Mitofsky, que son las más comentadas…

“Cuando terminó noviembre de 2011, Peña Nieto tenía 44.6% de intenciones de voto. Al final de diciembre cayó a 42%. A mediados de enero descendió a 40.9%. Perdió… 3.7 puntos en ese breve periodo. ¿Es mucho? ¿Es poco? Es. Punto. Se movió. No permaneció inmóvil. Y hay más: sus opiniones positivas cayeron dos puntos, de 40 a 38, y las negativas subieron tres, de 8 a 12. Sigue teniendo un excelente +26 de opiniones positivas, pero tenía un +32: perdió 6 puntos.

“Pero eso no es todo: a Josefina Vázquez Mota (aspirante presidencial que va al frente de las encuestas del PAN) le sacaba… 24.9 puntos. Peña Nieto tenía 44.6% de intenciones de voto contra 19.7% de Josefina. Ahora le lleva… 18.4 puntos: Peña tiene 40.9% contra 22.5% de ella. El priista perdió, con relación a la panista… 6.5 puntos de ventaja. ¿Poco? ¿Mucho? Usted dirá, pero de que se movieron los números, se movieron.

“Con Andrés Manuel López Obrador ocurrió algo similar: Peña Nieto le llevaba 28.5 puntos: el priista, como ya le redacté, tenía 44.6%, y el perredista 16.1%. Ahora Peña Nieto tiene, como ya le teclee más arriba, 40.9%, contra 18% de AMLO. El del PRI le saca 22.9 puntos, aunque perdió… 5.6 puntos de ventaja. ¿Es poco? ¿Es mucho? Es. Punto. Nada de que están paralizados los números.

“La reducción de la ventaja, como usted ya observó, se debe a que disminuye la intención de voto de uno (Peña Nieto) y aumenta la de otros (Vázquez Mota y López Obrador).

“En resumen, del inicio de diciembre a mitad de enero: 1. Peña Nieto sí, si hoy fueran las elecciones, arrasaría. 2. Peña Nieto sí perdió puntos: se le fueron 3.7 puntos de intención de voto. 3. Josefina ganó 2.8 puntos. 4. AMLO ganó 1.9 puntos. 5. La ventaja de Peña Nieto contra Josefina disminuyó 6.5 puntos. 6. La ventaja de Peña Nieto contra AMLO cayó 5.6 puntos. 7. No, los números no están igual: se movieron considerablemente y aún no ha empezado oficialmente la campaña” (Milenio, 30 enero 2012).

Más claro aún es el análisis que publica el diario Reforma de su encuesta nacional levantada en el pasado mes de noviembre sobre la elección presidencial: 59% de los ciudadanos aún no decide su voto (indecisos), 22% ya decidió definitivamente por quién votar, 8% ya decidió pero aún podría cambiar de opinión, 8% no piensa ir a votar y 3% no sabe (Alejandro Moreno, Reforma, suplemento “Enfoque2, 15 de enero 2012, p. 4).

¿Qué significa esto? Si consideramos que los ciudadanos que pueden ir a las urnas ascienden a 75 millones 167 mil 566 personas, 44 millones 348 mil ciudadanos aún no deciden si van a votar y por quién lo harían. En otras palabras, las encuestas que conocemos hasta ahora, reflejan la tendencia electoral de únicamente 41 de cada 100 mexicanos en edad de votar y registrados en el listado nominal. El mercado electoral probable es tres veces mayor que el segmento electoral que ya tomó una decisión. Y el mercado en disputa, es decir, aquellos que ya decidieron pero podrían cambiar su voto es de 6 millones al día de hoy; es decir, un tsunami de votos.

La conclusión es clara: “la mayoría de los mexicanos está indecisa sobre cómo o por quién votará este año. Le caracteriza un sentimiento de separación de la clase política, de desinterés, de que el voto no hace ninguna diferencia y de que las opciones políticas son lo mismo… los indecisos de hoy podrían ser los que definan quién será el próximo presidente de México” (p.5).

Otro indicador de que la realidad se está moviendo y de que no hay nada para nadie lo reflejan las redes sociales. La I Encuesta Nacional Independiente, realizada entre mil ciudadanos a través de teléfono (http://tu.tv/videos/1a-encuesta-nacional-independiente) arrojó los siguientes resultados: AMLO 28%, EPN 23%; JVM 16%, no sabe 33%. Otra realizada con 90 mil encuestados vía telefónica hacia mediados del pasado mes de enero (http://elmenospeor.com) señaló lo siguiente: AMLO 59%; JVM 29% y EPN 12%. Otra encuesta entre usuarios de internet, realizada en uno de los portales con más usuarios en México encontró lo siguiente: AMLO 24%, EPN 11%, JVM 9.5%, no sabe o no contesta 37% (Encuesta Uno Noticias Elecciones México 2012) (véase Víctor M. Toledo, La Jornada, 31 de enero 2012, p. 20).

La regla de las elecciones de hoy, en la mayor parte del planeta, es que las elecciones se cierran, y se gana o se pierde por uno voto, o por medio punto o por cuatro puntos. Las elecciones con 20 puntos de diferencia son la excepción, no la regla. Hacia esta nueva realidad nos encaminamos el próximo domingo 1 de julio en las elecciones presidenciales en México, donde una competencia a tercios hace reñido e incierto el resultado.

A cinco meses de la elección presidencial el único pronóstico seguro es que no hay nada para nadie. Y quien diga “este arroz ya se coció”, se le podría escaldar la lengua.

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx

Twitter: @ricardomonreala

Desde hace 15 años (1997), los gobiernos del PRI y del PAN han impulsado diversas “reformas estructurales” de manera infructuosa. En cinco lustros, lo que se ha alcanzado son las “reformas posibles” y no las reformas necesarias en el campo fiscal, energético, laboral, pensiones, seguridad social, educativo y de telecomunicaciones, las cuales que no atienden los problemas de fondo y dejan insatisfechos a los mismos promotores.

El resultado está a la vista de todos: crecimiento económico mediocre del 1.8% en promedio, incremento de la desigualdad social y una crisis de inseguridad sin precedente, en términos de violencia y de impunidad.

Las llamadas “reformas estructurales” se han estancado en razón de tres factores: por un lado, la pérdida de la mayoría parlamentaria por parte de los presidentes; por otra parte, el cálculo político de la oposición parlamentaria que no está dispuesta a endosar su voto a reformas con un alto costo social o que impliquen la consolidación del partido en el gobierno; por último, lo más importante, la maraña de intereses económicos y compromisos políticos que impiden llegar a fondo en el caso de las reformas laboral, educativa, fiscal, de telecomunicaciones y de competencia económica.

En materia energética y laboral se han presentado situaciones verdaderamente chuscas. El PAN ha presentado reformas que antes del año 2000, cuando era partido de oposición, le rechazó al PRI cuando éste se encontraba en la Presidencia.

Para superar esta parálisis legislativa, es decir, para generar mayorías parlamentarias que impulsen reformas estructurales, transitando de los gobiernos divididos a los “gobiernos cooperativos”, se manejan en este momento tres propuestas: gobiernos de coalición (las izquierdas y un sector del PRI); “mayoría estable” o de un solo partido (el proyecto de Peña Nieto y un sector mayoritario del PRI); la segunda vuelta electoral, a nivel presidencial y legislativa (la propuesta del PAN).

Sin embargo, la división y los desincentivos para superar la parálisis parlamentaria en materia de reformas estructurales son de tal magnitud, que hasta los proyectos para generar mayorías parlamentarias están empantanados o paralizados.

Ante la imposibilidad de PRI y PAN para sacar adelante estas reformas, una pregunta es obligada: ¿Pueden las izquierdas superar esta parálisis o falta de acuerdo parlamentario en caso de llegar a la Presidencia de la República? La respuesta no sólo es afirmativa, sino determinante: los gobiernos de izquierda son los únicos que realmente podrían sacar adelante las reformas pendientes, tal como aconteció en su momento en el Brasil de Lula Da Silva o en la España de Felipe González. 

La razón es sencilla: por un lado, las izquierdas son las únicas fuerzas que no son rehenes de compromisos políticos o económicos con los agentes que resultarían afectados con las reformas fiscal, energética, laboral, de competencia económica, de democratización de las telecomunicaciones y los medios de comunicación, entre otras. Por otra parte, las izquierdas están mejor posicionadas que el PRI y el PAN para encauzar o canalizar la presión social que estas reformas pueden liberar, en términos de protesta, resistencia o movilización política.

 Es falso que las izquierdas carezcan de una agenda de reformas estructurales o que su postura sea simplemente la oposición y rechazo sistemático a las mismas. Por ejemplo, en materia energética, se está a favor de modernizar Pemex o CFE, pero sin privatizarlos. En materia fiscal, la propuesta es eliminar los regímenes de consolidación fiscal, en lugar de crear nuevos impuestos o subir la carga fiscal a los mismos contribuyentes de siempre. En el ámbito de competencia económica, se propone nivelar el terreno frente a empresas privadas monopólicas o dominantes, a fin de permitir el acceso a nuevos jugadores y bajar precios y tarifas a los consumidores. En el terreno laboral el planteamiento es vincular la productividad de las empresas con el salario de los trabajadores y democratizar la representación sindical. Mientras que en materia de pensiones y seguridad social, la propuesta es crear un verdadero seguro de desempleo, un mayor rendimiento y transparencia en los fondos de retiro de los trabajadores y un sistema de acceso universal a los servicios de salud, con independencia de la situación del derechohabiente.

En todo caso, el rechazo de las izquierdas es a un tipo específico de reformas: las neoliberales a ultranza, que anteponen el mercado al Estado y el crecimiento económico al bienestar social. La agenda de reformas estructurales de la izquierda tiene otra orientación y connotación: busca crecer distribuyendo y distribuir creciendo. Esta agenda es integral, integradora e íntegra, a diferencia de las que hemos conocido en los últimos años que son economicistas, desintegradoras y excluyentes.

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx

Twitter: @ricardomonreala      

HRW advierte sobre elcrecimiento de la violencia en México. “Tenemos datos que demuestran que la violencia ha aumentado horrorosamente en México en los últimos años y que no hay un sistema para juzgar a los militares de forma que haya justicia”. Así lo consigna el capítulo México de su reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. HWR vuelve a señalar, como lo ha venido haciendo desde hace tres años por lo menos, que las fuerzas armadas han cometido graves violaciones como ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas sin responder por sus actos ante la justicia.

El aumento de la violencia en el país no se debe exclusivamente a la carencia de un sistema para juzgar a los militares que cometan abusos (que por otra parte, sí existe, pero está circunscrito al ámbito militar, en virtud de su fuero). Está asociado a la falta de un sistema de procuración de justicia que juzgue y procese a cualquier persona que atente, agravie o cause daño a su semejante. Esta ausencia de sistema (o falla sistémica) está en el origen del incremento de la espiral de violencia que azota al país, ya que produce el principal combustible que la alimenta: la impunidad.

Disponemos de indicadores objetivos, oficialmente validados, del tamaño del problema de la impunidad. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción y Percepción sobre Seguridad Pública 2011 (ENVIPE), que realiza el Inegi, arrojó las siguientes estadísticas de horror.

La cifra absoluta de hogares con víctimas en 2010 ascendió a 10,597, 584 (36% de los hogares del país). El número de víctimas o personas de 18 años o más afectadas fue de 17,847, 550 (23,956 por cada 100 mil habitantes). En tanto que la cifra absoluta de delitos cometidos fue de 22,714,967 (30,490 por cada 100 mil habitantes). La cifra negra de delitos, es decir, el número de delitos no denunciados: 20,897,336 (92%). Es importante considerar que la ENVIPE capta únicamente los delitos del fuero común; es decir, no considera los delitos vinculados con la delincuencia organizada, de naturaleza federal, como son ejecuciones, secuestros, tráfico de armas, personas o dinero. Pero aquí la impunidad sigue el mismo patrón que en el orden común o un poco más alto: como sabemos, sólo 94% de las ejecuciones, desapariciones y tráfico de armas y personas es aclarado y castigado.

¿Cuáles son los delitos más cometidos? El 47.9% se concentra en sólo dos: robo o asalto en la calle o en el transporte público (24.2%) y extorsión (23.7%). Le siguen robo total o parcial de vehículo (12.1%), fraude (8.7%), amenazas verbales (8%), robo en casa habitación (6.9%), entre los principales.   Otro indicador del nivel de violencia que se vive en el país que el 41% de los más de 22 millones de delitos cometidos se realizaron con algún tipo de arma (armas de fuego, armas blancas u objetos contundentes).

Se señala con frecuencia que la pobreza es una de las causas de la violencia y de la inseguridad. Sin lugar a dudas es su simiente. Sin embargo, países con mayores niveles de pobreza y desigualdad que el nuestro no presentan estos niveles de violencia e incidencia delictiva. Entre una y otra realidad hay un factor catalizador o detonador: este no es otro que la impunidad, generada a su vez por un sistema de procuración de justicia incapaz de procesar, perseguir, castigar y reparar el daño físico, material o moral de las víctimas.

En un país donde un trabajador de la construcción tiene más probabilidades de sufrir un accidente laboral que un delincuente en ser capturado y que responda por sus actos, en ese país la violencia crecerá como la espuma y la delincuencia se convertirá en una profesión “segura” o en un trabajo socialmente aceptado. ¿Cuál era el argumento del “pozolero” de Tijuana, del niño sicario de Morelos o de los adolescentes asesinos de San Fernando? “Era mi trabajo, una forma de ganarme la vida”.

La reforma integral del sistema de procuración de justicia es fundamental para abatir la impunidad, y con ella, la violencia y la inseguridad rampantes. Hasta ahora, el tema está estructuralmente ausente en la mayoría de las propuestas electorales de candidatos y partidos. AMLO lo incorpora expresamente en su propuesta de gobierno, cuando hace de la justicia uno de sus tres ejes: “estamos decididos a resolver la actual crisis de inseguridad y de violencia. Lo haremos bajo el principio de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. La solución de fondo, la más eficaz y la más humana, pasa por enfrentar el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y por incorporar a los jóvenes al trabajo y al estudio”. Algo más allá que las balas, las cárceles y la visión de exterminio y confinamiento de la actual política pública de seguridad.

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx

Twitter: @ricardomonreala